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En la actualidad una de las principales preocupaciones de los chilenos es el sistema de
pensiones, que se ubica en el cuarto lugar a nivel país, según la reciente encuesta Pulso
Ciudadano. El actual modelo de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) no es
capaz de satisfacer las necesidades básicas de los pensionados. Por ejemplo, en diciembre
del año 2018, el 50% de los 684.000 jubilados recibieron una pensión de vejez por edad
menor a $151.000. Incluso en el tramo de aquellas personas que cotizaron entre 30 y 35
años, el 50% recibió una pensión menor a $296.332.
Además, las Administradoras de Fondos de Pensiones continúan haciendo repartos de
dividendos, precisamente cuando estos ahorros tienen rentabilidades negativas,
impactando directamente en el monto de la jubilación que será recibido por los
pensionados. De hecho, los accionistas de AFP Habitat anunciaron hace pocos días retiros
de utilidades por un monto total de $115.000 millones en el ejercicio 2021. En este
sentido, expertos han planteado que debe construir, un incentivo legal, que permita a las
sociedades anónimas que tienen la calidad de administradoras, contar con ciertos límites,
derivados del tipo de cotizaciones de seguridad social que están administrando.
En este contexto, es que el senador Karim Bianchi presentó una moción parlamentaria
que busca solucionar esta grave desigualdad en el ámbito normativo y posibilita mejoras
en las jubilaciones de los chilenos y chilenas. El proyecto es respaldado por otros
integrantes de la Cámara Alta: Iván Flores (DC), Alejandra Sepúlveda (Federación
Regionalista Verde Social) y Alfonso de Urresti (PS).
“Lo que propongo con este proyecto de Ley “antomanotazo” es establecer una
prohibición de retiro y reparto de utilidades aplicable cuando exista rentabilidad negativa
en cualquiera de cada uno de los fondos, en cualquier mes del último año en ejercicio. Lo
anterior es concordante con el funcionamiento de nuestro sistema, como se advierte al
apreciar que todos los fondos de pensiones han experimentado rentabilidad negativa al
mes de marzo del año 2022. Por ejemplo, basta advertir que el Fondo E, que es el menos
riesgoso, ha experimentado pérdidas acumuladas durante los últimos meses, al aprobar
su inversión en distintos instrumentos que permiten que éste sea sensible a las
fluctuaciones económicas y vaivenes del mercado”, afirmó Bianchi.
Por su parte, la senadora Alejandra Sepúlveda, agradeció la invitación a firmar la
moción parlamentaria, porque según señaló “el retiro de utilidades mientras los afiliados
pierden rentabilidad, es una sinvergüenzura más de los dueños de las AFP. Y es además,
una sinvergüenzura doble, porque sabemos qué ha pasado con los fondos, sabemos cómo
van disminuyendo permanentemente y cada vez que uno ve su cartola en vez de
aumentar la rentabilidad va bajando”.
“Hay contradicciones que tiene hoy en día el sistema de AFP y que la ciudadanía no
logra entender es que cuando las cosas están bien las AFP ganan bien y cuando las cosas
están mal pierden los afiliados y no las AFP, y eso no se entiende. Este proyecto lo que
viene hacer es no solamente justicia con los dueños de los dineros de las AFP y les pone
una condición a los dueños de éstas que es que cuando la rentabilidad de las inversiones
sea negativa, no podrán retirar ni utilidades ni repartirse dividendo como lo están
haciendo hoy las distintas AFP de nuestro país”, explicó Flores.
La iniciativa legal impulsará que las administradoras elijan mejores alternativas para
sus inversiones de los fondos de pensión de todos los chilenos, evitando tomar riesgos
innecesarios, prefiriendo instrumentos y activos más seguros y estables, lo que beneficiará
a todas las personas. Similar situación ocurre con el sistema previsional en Perú, donde
las AFP no cobran comisión al afiliado mientras la rentabilidad de cualquiera de los fondos
sea cero o negativa.
Por último, la normativa propuesta por el congresista de la Región de Magallanes se
encuentra en línea con las prioridades del actual Gobierno del Presidente Gabriel Boric,
que presentará este año un proyecto para modificar el sistema previsional con ejes en los
principios de seguridad social, mejorando los estándares en las tasas de reemplazo,
promoviendo la inclusión y solidaridad.
