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Un importante rol tendrán los municipios en la gobernanza que se establecerá para la gestión del
castor como especie exótica invasora en la Patagonia, pues serán los encargados de transmitir la
realidad y las necesidades de los territorios con respecto a esta amenaza biológica. Por ello, el
coordinador nacional del proyecto GEF Castor, Felipe Guerra, expuso recientemente ante el pleno
de la Asociación de Municipalidades de Magallanes (AMUMAG) los principales lineamientos del
Plan de Gestión para la erradicación del castor en la región de Magallanes.
“Este plan es una hoja de ruta a quince años, que permitirá subsanar las brechas que en el
pasado impidieron realizar una gestión del castor que realmente permitiera obtener resultados
a largo plazo y con una mirada integral del territorio”, expresó Guerra ante el pleno de alcaldes.
Añadió que la iniciativa será coliderada por el Gobierno Regional y la seremi del Medio Ambiente.
En una primera etapa, el financiamiento será a dos años y ascenderá a 400 millones de pesos,
destinados en un 80% a trampeo y recuperación de cuencas, y en un 20% a difusión y educación
ambiental.
La gobernanza del plan estará encabezada por un Consejo Directivo a nivel nacional (integrado por
los ministerios del Medio Ambiente y Bienes Nacionales, SAG, CONAF, las Fuerzas Armadas y el
Gobierno Regional de Magallanes) y un comité local con capacidad resolutiva. De esta orgánica se
desprenderán las mesas territoriales, en las que participarán los municipios y otros organismos
civiles.
Los alcaldes manifestaron su respaldo a la iniciativa y mostraron su interés en que el Plan de
Gestión del Castor se adopte a la brevedad como una política pública regional. Blagomir Briztilo,
presidente de la AMUMAG y alcalde de la comuna de Primavera, conoce bien los daños que el
castor causa en el territorio, por lo que instó a sus colegas a involucrarse en las acciones para el
control de la especie. “Esperamos que el gobierno regional instruya una política pública en este
tema y poder impedir el avance de esta especie invasora en la región de Magallanes, ya que el
daño que está causando es inmenso y desastroso”, expresó.
Por su parte, la edil de Río Verde, Sabina Ballesteros, resaltó que en su comuna perciben al castor
como una amenaza sobre la que hay que tomar acciones a la brevedad, puesto que a comienzos
de año se capturó un ejemplar en la isla Riesco. Por ello, resaltó que “hay que ponerse a trabajar y
como lo dijo mi colega Blagomir hay que ver cómo hacerlo desde lo local. El municipio tiene que
ver la forma de apoyar esto y ojalá colaborar con una política a nivel regional”.
El hallazgo del castor en Isla Riesco representa también una alerta para la comuna de Laguna
Blanca, que preocupa a su alcalde, Fernando Ojeda, quien explica que por sus características
geográficas, la comuna tiene vulnerabilidades en el caso de expandirse la presencia del castor. Si
este roedor se asentara en Isla Riesco, comenta Ojeda, el riesgo sería muy grande pues cruzarían
al sector de Pérez-Hollemberg, ingresando así a territorio de Laguna Blanca. “El sector de Las
Nieves abastece todos los chorrillos que a su vez abastecen las pampas de la Laguna Blanca, por
lo que las construcciones que realiza el castor impedirían que el agua llegue a las zonas bajas de
la comuna, provocando una sequía que no tendría dimensión”, agrega.
En las próximas semanas, el equipo del proyecto GEF Castor continuará desarrollando la agenda
de encuentros con las autoridades municipales de la región. La constitución de las mesas
territoriales para la gestión de la especie, en tanto, se realizará en el mes de octubre.
El Proyecto “Fortalecimiento y desarrollo de instrumentos para el manejo, prevención y control del
castor (Castor canadensis), una especie exótica invasora en la Patagonia chilena”, conocido como
GEF Castor, es ejecutado por el Ministerio del Medio Ambiente y financiado por el Global
Environment Facility (GEF), a través de la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO). Socios estratégicos, y coejecutores de este proyecto son el
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y la ONG Wildlife
Conservation Society (WCS).
