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La comunidad de Aysén y Coyhaique ha manifestado una profunda preocupación ante la investigación del fiscal sobre la aplicación del IVA en la Zona Franca de Extensión. No solo se cuestiona la falta de rigurosidad en el análisis de los antecedentes, sino que además se teme que este caso siente un precedente que afectaría a todos los productos provenientes de la Zona Franca que se comercializan en la región.
¿Cómo es posible que se acuse a un empresario sin contar con todos los antecedentes necesarios para sustentar la imputación? Diversos expertos han señalado que no existe una investigación real que respalde las acusaciones, lo que pone en entredicho la labor de la Fiscalía y ha generado un clima de incertidumbre entre comerciantes y consumidores locales.
Más allá de esclarecer los hechos, parece que la Fiscalía ha optado por una estrategia de impacto mediático, sin pruebas concretas que sustenten su actuar. En este proceso, ha ignorado elementos fundamentales de la Ley de Zonas Francas y el Reglamento de Aduanas, lo que demuestra una alarmante falta de criterio y rigor investigativo. ¿Cómo puede la comunidad confiar en una institución que acusa sin un análisis detallado y sin respetar el marco normativo vigente?
Los documentos oficiales del Registro Civil y de Aduanas confirman que los vehículos vendidos por Comercial Real Ltda. han cumplido con la Restricción de Zona Franca y no han sido comercializados de manera irregular. Sin embargo, la Fiscalía insiste en una narrativa que no se sustenta en hechos comprobables. ¿Estamos ante un intento deliberado de criminalizar una actividad legal sin pruebas suficientes?
Este caso no solo pone en riesgo la reputación de una empresa y de un empresario, sino que también genera preocupación entre comerciantes y ciudadanos de Aysén y Coyhaique. Si la interpretación del SII y la Fiscalía se mantiene, podría abrir la puerta para aplicar nuevas restricciones y gravámenes sobre una amplia gama de productos que hasta ahora han beneficiado a la región gracias al régimen de Zona Franca.
Diversos actores del ámbito legal, empresarial y social han manifestado su inquietud ante la posibilidad de que este caso derive en una afectación mayor para la economía local. ¿Se trata de una negligencia, de una falta de preparación, o de una decisión premeditada? ¿Está la Fiscalía usando su autoridad de manera irresponsable para obtener un resultado mediático sin sustento legal?
La comunidad de Aysén merece respuestas claras y un proceso justo, libre de interpretaciones sesgadas que solo generan incertidumbre y desconfianza en las instituciones encargadas de impartir justicia. Es momento de que la Fiscalía demuestre su compromiso con la verdad y con una investigación seria, en lugar de apresurarse a acusar sin pruebas suficientes y sin considerar el impacto real que esta decisión tendría en la región.
