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Ante la reciente publicación en medios que apunta al comercio como responsable del alza de precios en Zona Franca, es necesario decirlo con claridad: el problema no está en los usuarios ni en los precios de venta, sino en el modelo de administración obsoleto e ineficiente que rige desde hace décadas.
Hoy, la concesión otorgada a la Sociedad de Rentas Inmobiliarias (SRI) convierte a esta entidad en un actor recaudador, que impone cobros excesivos a los usuarios y traspasa a ellos costos que, en cualquier régimen razonable, deberían ser asumidos por la empresa administradora. Desde la mantención de calles hasta luminarias, limpieza y servicios básicos, todo corre por cuenta de quienes operan dentro del recinto. Esto encarece artificialmente la operación y, por ende, los precios finales al consumidor.
Eliminar la figura de concesión, y optar por un nuevo modelo de administración, permitiría:
Reducir los costos en hasta un 45%, al eliminar intermediarios y sobreprecios administrativos.
Aumentar el aporte al Gobierno Regional, ya que hoy solo se transfiere el 28% de los ingresos brutos, pero con un modelo más eficiente y transparente se podría generar un ingreso neto superior.
Transformar Zona Franca en un verdadero polo de desarrollo, incorporando rubros de servicios sin restricciones, como ocurre con éxito en las zonas francas de Uruguay, Pnamá y Costa Rica, donde se promueve activamente la inversión en servicios tecnológicos, financieros y logísticos.
Hoy, la Zona Franca es más cara porque está hecha para sostener una estructura que beneficia a pocos y empobrece su propósito original: el desarrollo económico de la región de Magallanes. Los usuarios financian una operación costosa y poco transparente, mientras los consumidores enfrentan precios que no reflejan los beneficios reales de una zona exenta.
Cabe mencionar que, bajo presión ciudadana y gremial, el Gobierno Regional conformó una mesa fiscalizadora del contrato de concesión, pero aun así, SRI sigue operando con total libertad mediante el RIO (Reglamento Interno de Operaciones), el cual es avalado directamente por el gobernador, permitiendo que la concesionaria imponga normas, restricciones y tarifas a su conveniencia, muchas veces sin considerar la opinión ni las necesidades de los usuarios.
La solución no está en restringir más al comercio. Está en rediseñar el modelo.
Magallanes tiene la oportunidad histórica de reconfigurar su Zona Franca de cara al futuro. Se necesita una estructura moderna, abierta a los servicios, sin trabas artificiales, y pensada para beneficiar a toda la comunidad. No más parches. No más excusas. Es hora de recuperar la Zona Franca para la región.
