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En Punta Arenas, crece la inquietud por el trato desigual en la fiscalización dentro de la Zona Franca. Mientras el Servicio de Impuestos Internos (SII), el Servicio Nacional de Aduanas y la Sociedad Administradora (SRI) aplican controles rigurosos a los usuarios, otros actores parecen operar con menos restricciones, sin que hasta ahora se tomen medidas concretas para corregir esta situación. Esto genera distorsiones en el comercio y afecta la competitividad del sistema franco.
El problema radica en que, mientras los usuarios deben cumplir con estrictas normativas para la comercialización de productos con beneficios tributarios, existen locatarios dentro del sistema que venden con IVA sin una fiscalización equivalente. Esto ha generado un fuerte cuestionamiento sobre la equidad y transparencia en la aplicación de la normativa vigente.
Es preocupante que la fiscalización se esté enfocando en un sector específico de la Zona Franca, dejando sin supervisión adecuada a otros actores que deberían cumplir con las mismas exigencias. Esta situación no solo pone en riesgo la estabilidad de los comercios formales que cumplen con la normativa, sino que también podría afectar la confianza en el modelo franco como herramienta de desarrollo económico para la región. Ya se han registrado múltiples denuncias de clientes que no reciben boletas por sus compras en estos locales, evidenciando un control deficiente por parte de la administración y los servicios públicos. Además, no existe un seguimiento adecuado de la mercadería que entra y sale del recinto, lo que pone en duda la transparencia y el cumplimiento de las normas tributarias y aduaneras.
Se hace un llamado a las autoridades competentes para revisar los procedimientos y garantizar que se apliquen reglas claras y equitativas para todos los involucrados, además de establecer medidas como distintivos visibles que permitan diferenciar claramente entre usuarios y locatarios. Esto evitaría distorsiones que perjudiquen la correcta operación de este importante polo comercial.
Es imperativo que las autoridades actúen de inmediato para corregir estas irregularidades y restaurar la confianza en el sistema franco, asegurando que siga siendo un motor de desarrollo económico para Punta Arenas.
