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Cada 18 de mayo, Chile conmemora el Día Nacional contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes (ESNNA), una fecha que nos obliga a mirar de frente una de las violencias más extremas y persistentes contra la niñez. Esta conmemoración no es solo un llamado a la denuncia, sino también un espacio para reconocer los avances que como país hemos logrado y los desafíos que aún persisten.
Durante décadas, la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes fue una realidad oculta, muchas veces relativizada o mal comprendida bajo estigmas, prejuicios y discursos que naturalizaban su existencia. Se hablaba de “niñas que se prostituyen” o de “niños en situación de calle”, sin asumir la responsabilidad estructural del Estado ni del conjunto de la sociedad frente a un delito que vulnera gravemente los derechos humanos de la infancia.
Uno de los avances más significativos de este gobierno ha sido justamente visibilizar este fenómeno desde una perspectiva de derechos. La tipificación del delito en el marco del Sistema de Garantías de Derechos de la Niñez (Ley N°21.430) y la incorporación de enfoques especializados para su persecución penal han permitido no solo fortalecer las acciones judiciales, sino también construir un relato social claro: la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes es un delito, no una forma de vida.
Gracias a esta nueva legislación, hoy contamos con herramientas concretas que permiten actuar con mayor celeridad y eficacia. La implementación de la Ley N°21.057 sobre entrevistas videograbadas, por ejemplo, ha sido clave para reducir la revictimización de niños yniñas en procesos judiciales, asegurando que su voz sea escuchada con el cuidado y respeto que merecen.
En la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, esta visibilización ha sido especialmente relevante. Según cifras oficiales, se han identificado 44 víctimas de ESNNA en el territorio, lo que demuestra que este fenómeno no es ajeno ni lejano, sino parte de nuestra realidad regional. Lejos de paralizarnos, esta constatación ha impulsado un trabajo articulado entre instituciones como la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, la Seremi de Desarrollo Social y Familia, la Defensoría de la Niñez, el Ministerio Público, la Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile, el Programa Mi Abogado y el Servicio de Protección Especializada.
Esta coordinación ha dado frutos concretos: existe hoy una cantidad significativa de personas en prisión preventiva por delitos vinculados a la ESNNA, y se han fortalecido las rutas de protección, el acompañamiento a víctimas y la formación de operadores clave. Todo ello habla de una voluntad institucional de pasar del diagnóstico a la acción.
Sin embargo, los desafíos aún persisten para el Estado y la sociedad. Como Estado debemos trabajar mancomunadamente por disminuir los factores de riesgo o condiciones que contribuyen a que la niñez y adolescencia de Magallanes sea víctima de este delito, como la desigualdad socioeconómica, el trabajo infantil, la exclusión escolar, la falta de educación sexual integral, el acceso a la salud mental y el consumo problemático de alcohol y drogas. Por su parte, resulta fundamental que la sociedad en su conjunto rompa el silencio y la indiferencia ante esta realidad, donde ya sea por ignorancia o tolerancia, ha normalizado este tipo de conductas, no las identifica o culpabiliza a las víctimas.
Conmemorar este día no es solo recordar, es comprometerse. Significa construir una cultura que no tolere ningún tipo de violencia contra la niñez, que promueva la prevención, la detección temprana y la denuncia oportuna. Significa, también, que cada institución, cada comunidad y cada persona asuma que la protección de la infancia no puede esperar.
Porque una infancia libre de violencia no es solo un slogan vacío sino que un deber ético, político y humano.
