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Con la entrada en vigencia de la Reforma de Pensiones, Chile avanza hacia un sistema de seguridad social más justo, y esta vez lo hace mirando de frente a su historia.
Recordemos que uno de los cambios más significativos impulsados por la actual reforma previsional -poco visible, pero profundamente transformador- es la eliminación del artículo 36 de la Ley 20.255, que durante años generó una injusta incompatibilidad entre la Pensión Garantizada Universal (PGU) y las pensiones de reparación de víctimas y familiares de quienes fueron víctimas de desaparición forzada, ejecución política, prisión política, tortura o exoneración.
Esta es una medida largamente esperada por las agrupaciones de derechos humanos y por quienes han vivido, muchas veces en silencio, las secuelas del terrorismo de Estado.
En concreto se traduce en que víctimas y familiares de víctimas de desaparición forzada o ejecución política calificadas, sobrevivientes de prisión política o tortura calificados/as, o bien personas exoneradas calificadas, que tengan 82 años a septiembre del presente año, previa postulación en el Instituto de Previsión Social (IPS), pueden acceder íntegramente a la pensión de reparación y PGU. Consiguientemente, en el mismo sentido, en septiembre de 2026 quienes tengan 75 años o más, y en septiembre de 2027 quienes tengan 65 años, podrán acceder a ambas pensiones de manera íntegra.
Con convicción vemos en esta reforma un paso más en la construcción de un país que reconoce que la reparación no es asistencialismo, sino una deuda del Estado con quienes defendieron la democracia a costa de su vida y su integridad. A quienes resistieron, a quienes perdieron a un ser querido, a quienes han vivido décadas con cicatrices que no siempre se ven: esta medida no borra el dolor, pero es un acto de reconocimiento que devuelve algo que nunca debió haberse negado: el derecho a envejecer con dignidad.
Como Estado, como Gobierno del Presidente Gabriel Boric y desde cada región del país, tenemos el deber de decirlo con fuerza y convicción: no hay justicia completa si quienes más sufrieron siguen siendo postergados. Hoy, damos un paso que honra su historia y su lucha inclaudicable. Sabemos que aún queda camino por recorrer. La reparación debe ir acompañada de políticas integrales de salud, memoria, justicia y educación en derechos humanos. Pero esta reforma previsional —al eliminar una barrera que por años invisibilizó a un número no menor de chilenos y chilenas— abre una nueva etapa para avanzar hacia un Chile más justo, más digno y con la memoria como base de su democracia.
